jueves, 25 de junio de 2015

Octubre negro



Una situación complicada

El segundo mandato de Goni empezó por lo tanto el 6 de agosto de 2002. Desde el principio quedó manifiesto que en este nuevo turno, el presidente había perdido algo de su brillo anterior. Su sentido del humor se había hecho más pesado y parecía que ya no tenía muchas ideas nuevas para gobernar. Había sido elegido además con un porcentaje mínimo de votos. Al igual que para las películas, las segundas partes o los remakes nunca son tan buenos como el original.


La crisis económica latinoamericana de 1999 no había tenido efectos tan catastróficos en Bolivia como en Argentina, Brasil y el Uruguay, pero se hizo sentir y de todos modos el gobierno necesitaba recaudar fondos. Para ello había dos opciones: reducir el subsidio de la gasolina, como pedía el FMI, o bien aumentar los impuestos, eliminando la posibilidad de descargar los gastos de consumo para el cálculo del RC-IVA. Se creaba de esa manera un embrión de impuesto a la renta de personas.

El impuesto a la renta hubiese sido de 12%, casi nada comparado con lo que se paga en otros países, y no afectaba los salarios más bajos. La primera opción fue descartada por su impopularidad y su efecto multiplicador, y la segunda provocó el levantamiento de la policía en febrero de 2003, que causó 30 muertos por el tiroteo entre policías y militares que ya les conté en un capítulo anterior (Un aniversario).
 
La crisis regional agravaba los efectos del crecimiento de las ciudades y del rápido aumento de la migración desde el campo. La provisión tanto de los servicios básicos de agua y electricidad, como de transporte, educación y salud era muy difícil. Por otra parte, las fuentes de trabajo disponibles se encontraban casi únicamente en el sector informal, con condiciones de trabajo precarias, sin seguridad laboral ni social, a menudo en pequeñas empresas familiares. 


Muchos jóvenes emigraban para aceptar cualquier trabajo en Argentina o España, haciendo largas colas delante de las embajadas. Niños cuyos padres no ganaban lo suficiente se veían obligados a trabajar en las calles, lustrando zapatos, cuidando autos o vendiendo dulces cerca de los cines en las noches. El alcoholismo ligado a la pobreza causaba estragos y era causa de violencia y abusos contra los más desprotegidos, mujeres y niños.

Había una insatisfacción general, al punto que algunos exaltados pintaban en los muros la infeliz leyenda “Queremos guerra civil”. Todos los días había huelgas, bloqueos y marchas. Cada vez retornaban los mismos conflictos, los eternos problemas, cuya solución se postergaba para más tarde, para que otra comisión establezca sus cinco mesas de discusión, para el siguiente gobierno… mientras pasaban los meses y los años, y todo quedaba igual. 


Un rescate y una emboscada

A fines de septiembre de 2003 y durante el mes de octubre estalló un movimiento popular que iba a dar fin con el gobierno de Sánchez de Lozada. Empezó en serio cuando un grupo de campesinos tomó como rehenes a una gran cantidad de turistas, nacionales y extranjeros, en Sorata. El ministro de defensa, Sánchez Berzaín, organizó el rescate para llevarlos de vuelta a La Paz. En el camino de regreso, la columna de buses y camiones militares sufrió una emboscada cerca de Warisata, que resultó en un tiroteo por ambos lados. Murieron siete personas, entre otros una niña, abatida por el impacto de una bala perdida cuando se asomó a la terraza de su casa. Mientras tanto, en Sorata, se desataba el caos y los revoltosos incendiaban el hotel de la plaza principal.


La guerra del gas

Octubre empezó con manifestaciones violentas, marchas cotidianas de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, una huelga general de la COB pidiendo la salida de Goni, bloqueos de las juntas vecinales alteñas y un cerco de los campesinos para estrangular a la ciudad de La Paz, evitando la llegada de víveres y combustible a la hoyada. 

La causa para tanta rabia era el rumor de que Bolivia vendería su gas natural a Chile, o a través de un puerto de Chile, a México y Estados Unidos. La gente se oponía usando el argumento de la enemistad secular entre Chile y Bolivia. Muchos también creían que si se exportaba el gas, se privaría de él a las amas de casa bolivianas, confundiendo el gas natural con el gas licuado de petróleo que se vende en garrafas. 


En realidad la decisión aún no estaba tomada y el gobierno dudaba entre Patillos, en Chile, que era la solución técnica más viable, o el puerto de Ilo en Perú, políticamente más aceptable.

En pocos días, la situación salió completamente de control. Los revoltosos hacían caer vagones de tren desde los puentes ferroviarios para bloquear las calles, y cuando algunos vecinos trataron de sacar por su cuenta combustible de una gasolinera, el surtidor explotó, causando la muerte de cinco de ellos. En respuesta al desabastecimiento total de gasolina, el gobierno decidió formar una columna de cisternas bajo protección militar, que salió de la planta de Senkata, forzando manu militari su camino a través del bloqueo.


El resultado fue un desastre, con gran cantidad de muertos y heridos. Circulaba entre otros el relato (poco creíble) que un oficial había matado a uno de sus soldaditos que rehusaba disparar contra la gente. Había de hecho toda clase de rumores, repetidos en las radios a lo largo del día, por ejemplo acerca de chilenos que dirigían la represión desde el hotel Radisson, o que los mismos chilenos disparaban a la gente desde un helicóptero.

Me es muy difícil hacer un recuento de los eventos, porque la información nos llegaba muy incompleta y fragmentada. Hubo muchos muertos (se habla de 67) y muchos más heridos, sobre todo entre los manifestantes pero también entre los soldados y policías. Me temo que nunca conoceremos la verdad completa, porque los rencores están vivos todavía; es muy difícil encontrar un relato objetivo. 

Clase media

Incluso la zona sur de La Paz, que generalmente se mantiene al margen de los acontecimientos, se veía invadida por las marchas campesinas que llegaban de los valles de Palca y Río Abajo. Hubo choques violentos en Chasquipampa, donde los bloqueadores volcaron e incendiaron un camión del ejército y hubo tres muertos. 

En Calacoto y La Florida, los barrios más acomodados de La Paz, las señoras intercambiaban rumores espantosos por teléfono mientras sus maridos se pertrechaban con  armas y organizaban rondas de vigilancia entre vecinos para resguardarse de la muchedumbre en movimiento. En Achumani, algo más de clase media, la gente preparaba sándwiches y refrescos para invitar a los marchistas, queriendo ganar su simpatía y así evitar el “saqueo de sus casas. 

En Cota Cota, nuestro barrio, estallaban petardos y dinamitas y se escuchaba las consignas “Fuera Goni”, “Gas para Bolivia” gritadas a su paso por las marchas campesinas, pero éstas generalmente seguían su camino hacia el centro sin detenerse. Hubo sin embargo un pequeño tumulto delante de la casa del ex presidente  Jaime Paz, al otro extremo de nuestra calle 30.


El 15 de octubre, asustada por la violencia, Ana María Romero comenzaba una huelga de hambre para pedir la renuncia del presidente. Junto con un grupo de feligreses de la parroquia de San Miguel, organizó también una cadena humana, que debía ir desde esta iglesia hasta el centro de la ciudad, como una iniciativa para promover la paz. No hubo tantas manos disponibles como para lograrlo. 

Ese mismo día, o el siguiente, me llegó un correo electrónico de la embajada de Bélgica, con instrucciones para la evacuación de todos los belgas residentes en La Paz. Teníamos que reunirnos, llegando como sea, en la cancha de futbol del colegio franco boliviano, en Achumani, desde donde nos recogería un helicóptero para llegar al aeropuerto de El Alto, y de allí nos llevarían en avión hasta Bruselas. 

Mi contacto, quien debía avisarme cuando era el momento, era un importador de cerveza artesanal belga. No me acuerdo su nombre y ya no tiene esta actividad, qué lástima. Las demás embajadas europeas habían organizado el mismo tipo de rescate, algunos alemanes ya se habían ido el día anterior. Yo decliné educadamente ser evacuada y poco después toda la operación se anuló, porque ya estaba volviendo la calma y la normalidad.

Fuera Goni

Temprano en la mañana del 17 de octubre Goni todavía dudaba si se iba o se quedaba. La situación era insostenible, las marchas habían cambiado sus estribillos de “Fuera Goni” a “Matar al Goni”, “Goni vendepatria” y “Goni asesino”. Al avanzar la mañana, el presidente escribió su carta de renuncia, que debía ser leída en el Congreso esa misma tarde. Todavía tenía la esperanza que el Congreso no la aceptara y que quizás podría gobernar desde Santa Cruz hasta que pase la tormenta. Pero no fue así. 

Después de ello, Goni y sus familiares salen de la residencia de San Jorge hacia Irpavi, de donde un helicóptero del ejército los lleva al aeropuerto y de allí en avión a Santa Cruz. Esperan hasta la noche la decisión del Congreso, después de lo cual salen a Miami para buscar refugio en los Estados Unidos.

Carlos Mesa, el vicepresidente, juró esa misma noche al cargo de presidente, después de una pequeña rabieta porque no podría hacer el juramento con la medalla presidencial Mariscal Andrés de Santa Cruz en el pecho, como corresponde. Ésta se encontraba resguardada en la bóveda del Banco Central y el sistema de seguridad electrónico impedía su apertura en horario nocturno. 


La agenda de octubre

El nuevo presidente heredaba un país ingobernable. Una de sus primeras decisiones fue declarar una amnistía unilateral, es decir que beneficiaba únicamente a los insurgentes. Hizo un discurso en el que apoyaba la “agenda de octubre”, que comprendía tres puntos: un referéndum acerca del gas, una nueva ley de hidrocarburos y la redacción de una nueva constitución. 

El referéndum se realizó el 18 de julio de 2004 y tenía cinco preguntas largas, ambiguas e incomprensibles para la mayoría de los bolivianos, pero funcionó como una especie de plebiscito a favor de Carlos Mesa. El “sí” ganó en todas las preguntas, algunas con mayor o menor porcentaje. Pero el gobierno, que no tenía apoyo congresal, tuvo muchas dificultades para mantenerse a flote y poco a poco perdía popularidad. 

Durante más de un año iba a continuar el tiro y afloja entre el ejecutivo y el legislativo acerca de la ley de hidrocarburos. El MAS insistía en la nacionalización, otros querían cambios de contrato, las empresas petroleras por supuesto hacían su lobby. 
 

En El Alto, Abel Mamani y la Fejuve lograron expulsar a Aguas del Illimani en febrero 2005, queriendo repetir las hazañas de la guerra del agua de Cochabamba. En Santa Cruz, empezaban los cabildos para exigir un referéndum y lograr la autonomía departamental. 

La gente se daba cuenta que ser un buen orador no era suficiente para garantizar una buena gestión pública. Ante las dificultades, Carlos Mesa presentó su renuncia dos veces para luego retirarla, hasta que el parlamento finalmente se la aceptó. Me acuerdo que participamos con nuestros gorritos blancos, en una manifestación de apoyo a Mesa y a la democracia, en una de estas ocasiones.

El Congreso sitiado

A principios de junio de 2005, en la plaza Murillo, el edificio del Congreso se encontraba cercado por un tumulto de gente, cocaleros y cooperativistas mineros principalmente, que no dejaban pasar a los diputados y senadores, por lo que se decidió trasladar las sesiones del legislativo a Sucre. Ni allí pudieron reunirse, por falta de seguridad. Ante las amenazas de los mineros y el estallido constante de dinamitas, los honorables tuvieron que correr a refugiarse en sus hoteles. El presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, y el de diputados, Mario Cossío, tuvieron que pedir protección a los militares e ir a ocultarse en un cuartel, hasta que las cosas se vayan calmando un poco con la llegada de la noche.



Finalmente, la sesión del Congreso empezó ese 9 de junio de 2005, poco antes de las once de la noche. Era transmitida en directo por el canal siete. Todo el país estaba pendiente. Hormando Vaca Diez y luego Mario Cossío, que estaban en la línea de sucesión constitucional, tuvieron que renunciar a sus ambiciones por la presión del MAS y de las masas. Algunos querían que Mesa se quede, o se oponían a Vaca Diez porque era del MIR, partido que había estado aliado tanto con Banzer como con Sánchez de Lozada. A Cossío, del MNR, no le quedó otra que renunciar también.

El siguiente en el orden de sucesión para la presidencia era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia: Eduardo Rodríguez Veltzé. Fue llamado in extremis y se presentó al Congreso para aceptar la presidencia y jurar a su cargo en forma inmediata. Su único mandato era organizar las elecciones generales para diciembre del 2005. El país pudo respirar unos días.

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