La década de la ecología

Instituciones

Durante los años 1990, veríamos en Bolivia logros espectaculares para la conservación del medio ambiente. Jaime Paz inició su gobierno con la creación del Ministerio para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (Fonama).Ya existía anteriormente una Secretaría General para coordinar estos temas entre los diferentes ministerios.

La Liga de Defensa del Medio Ambiente  empezó asimismo a jugar un rol importante como vocero de la sociedad civil y de las organizaciones ambientalistas, frente al estado y a la cooperación internacional, en asuntos relacionados con la protección del planeta. 

Fonama, creada en 1990 y ratificada en 1992 a través de la nueva Ley del Medio Ambiente, recibió un importante financiamiento de la Iniciativa de las Américas, protagonizada por el gobierno del presidente George Bush padre: treinta millones de dólares por medio de un canje de deuda bilateral que alcanzaba a 400 millones.

Este fondo iba a financiar durante varios años los proyectos de cuatro grupos de beneficiarios: las ONGs dedicadas al desarrollo rural, aquellas que se ocupaban de conservación ambiental, los grupos de base organizados (indígenas, campesinos, asociaciones civiles) y las instituciones científicas dedicadas a la investigación. Los primeros años de funcionamiento de Fonama fueron muy buenos.

Yo formaba parte del primer comité de evaluación de proyectos y teníamos que decidir acerca de la asignación de fondos de donación después de haber leído y analizado montañas de papel. Las reuniones tenían lugar dos veces al año, cada vez en una región diferente, donde aprovechábamos para visitar y evaluar los proyectos en ejecución. 

Lamentablemente, a lo largo de los años Fonama se politizaba cada vez más y en 1998, ya había perdido buena parte de su credibilidad.  El fondo fue intervenido y privatizado para transformarse en la Fundación Puma, quedando reducida a una mínima expresión.

La primera marcha de los indígenas

Uno de los eventos más importantes del año 1990 fue sin duda la Marcha por el Territorio y la Dignidad, organizada por los pueblos indígenas del Oriente para reclamar el derecho a sus tierras ancestrales.

 

Saliendo de Trinidad, la marcha liderizada por Marcial Fabricano atravesó las sabanas del Beni, las selvas del Chapare y las montañas de los Yungas, por unos 1500 kilómetros. Jaime Paz no esperó que los marchistas lleguen a La Paz, les salió al encuentro para reunirse con ellos en Yolosa. Prometió su apoyo y una respuesta favorable a sus demandas.

La marcha fue recibida triunfalmente por los paceños y el presidente sacó el decreto de creación de 16 territorios indígenas que el Instituto Nacional de Reforma Agraria tenía que sanear e implementar paulatinamente. También creó el Fondo de Desarrollo Indígena, que sería administrado por los mismos interesados. 

Nuevas leyes
 

Jaime Paz decretó además la “Pausa ecológica”, que prohibía la explotación comercial de los bosques y la pesca y caza por terceros, hasta poder elaborar y aprobar las leyes necesarias para la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. La extracción de recursos estaba permitida únicamente para los pueblos que dependían de ellos para su supervivencia. Sin embargo no se puede decir que esta pausa fue muy respetada.

Muy pronto empezarían las discusiones para la redacción de la ley 1333, la Ley del Medio Ambiente, que sería aprobada por el Congreso el 27 de abril de 1992, justo a tiempo para la Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro. La elaboración de la ley había costado grandes esfuerzos de concertación, no solamente con los diferentes partidos políticos, sino también con los sectores económicos relacionados con el uso de recursos naturales. Las reuniones y seminarios eran interminables, las discusiones a veces muy hostiles con los mineros, industriales, las empresas petroleras y forestales, los soyeros y otros. En cambio los indígenas y los pequeños agricultores eran nuestros aliados.

La sociedad civil participaba activamente en estos debates, en los cuales LIDEMA tenía un rol protagónico y los investigadores del Instituto de Ecología intervenían como apoyo técnico y científico. La cooperación internacional apoyaba los esfuerzos con financiamiento pero las iniciativas eran bolivianas. Jorge Torres, diputado del MIR, era el coordinador y servía de enlace con el parlamento.

La Ley del Medio Ambiente iba a servir de base para la elaboración de otras leyes y reglamentos como la Ley Forestal y la Ley del Instituto de Reforma Agraria en 1996. Sin embargo, durante el mismo periodo también se aprobarían nuevos códigos y leyes para la actividad minera y petrolera, que contradecían completamente la Ley del Medio Ambiente al ser demasiado permisivos. Como ejemplo se puede mencionar las contradicciones relacionadas a la explotación de pozos petroleros en áreas naturales protegidas.

No hace falta recordar que la actividad minera en Bolivia comprende tanto empresas grandes que funcionan con capitales internacionales, como minas explotadas en forma artesanal por las cooperativas mineras, que son de hecho pequeñas empresas que no respetan las leyes laborales, utilizan mano de obra infantil y contaminan sin ninguna precaución o medida de mitigación. En muchas de estas minas la tecnología de picota, carretilla y costal es la misma que al principio del siglo 20, o incluso durante la colonia.

Las grandes empresas mineras, que trabajan a veces a cielo abierto, contaminan también el ambiente, pero usan tecnología algo más moderna, tienen algún grado de tratamiento de deschos mineros (cuando los diques de contención no rebalsan), no hacen trabajar a los niños y pagan algunas regalías e impuestos, cosa que las cooperativas tratan de evitar.

Las minas de oro son de lejos las más contaminantes. Todos los ríos bolivianos están contaminados, unos más que otros. Los lagos Titicaca y Poopó lo son también. 

La cumbre de Río

Mientras tenían lugar las reuniones para redactar la Ley del Medio Ambiente, Bolivia también preparaba su intervención en la Cumbre para la Tierra de la Naciones Unidas, conocida como Río 1992. Hubo una numerosa delegación boliviana, tanto en las reuniones oficiales entre Estados, como en la Cumbre paralela organizada por diferentes grupos da la sociedad civil. Pero yo no viajé.

 

La Cumbre para la Tierra iba a reunir a 178 delegaciones de varios países, entre los cuales había 116 jefes de Estado, mientras que en el Foro Global participarían más de 17.000 personas muy diversas en sus tendencias, gustos y vestimenta o, en algunos casos, falta de vestimenta.

Entre los documentos aprobados estaría la Agenda 21, un plan de acción con recomendaciones concretas, y cuatro protocolos: la convención sobre el cambio climático, la convención para la conservación de la biodiversidad, la declaración de principios sobre los bosques y la convención para la lucha contra la desertificación. La convención sobre el cambio climático sería firmada recién en 1997, bajo el nombre de Protocolo de Kioto.

 

Todos estos acuerdos debían servir para definir la política de desarrollo sostenible en Bolivia en los años siguientes. Sin embargo, poco a poco el país perdería el impulso y el entusiasmo. Un solo ejemplo bastará para explicar por qué. 

Un intento de proteger los bosques del Parque Nacional Noel Kempff Mercado con el financiamiento de bonos de carbono fracasó, a pesar de negociaciones muy avanzadas, porque en algún lugar (¿Kioto?) se tomó la decisión absurda que estos bonos solamente podían pagar por plantaciones nuevas, y que un programa para evitar la tala y los incendios en una selva virgen, por supuesto mucho más valiosa, no calificaba. 

Cuando Naciones Unidas cambió finalmente su opinión, ya era demasiado tarde, el enfoque de la política boliviana había cambiado y se prestaba muy poco interés a la conservación. El presidente se limitaba a lanzar ampulosos discursos en homenaje a la Pachamama, pero rechazaba la idea de compensar las emisiones de bióxido de carbono por ser una idea capitalista.

Las Cumbres iban a repetirse cada diez años, con escasos resultados después de la primera. Río +10, en Johannesburgo, o Río +20, nuevamente en Río, Brasil, serían grandes decepciones, al punto que los ecologistas hablaban de Río menos 20. La mayoría de los países buscaba excusas para no hacer nada y algunos grandes, como Estados Unidos y China, nunca ratificaron los acuerdos alcanzados.

Un trabajo de equipo

A pesar de todo, por lo menos en nuestro país, las actividades seguían y se obtenían resultados. Se estableció un sistema nacional de áreas protegidas (SNAP), con 21 áreas de distintas categorías, que juntas cubrían 17 millones de hectáreas, el 18% del país. En 1993, un millón de hectáreas de bosques tenía producción sostenible, certificada por la International Tropical Timber Organization, la Convención de Río sobre la Biodiversidad fue aprobada como ley por el Congreso en 1994 y la Agenda 21 servía de guía para muchas iniciativas.

 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible (que cambiaría de nombre con cada cambio de gobierno) elaboraba, con el apoyo de especialistas, la Estrategia para la Biodiversidad y el Plan de Acción Ambiental para Bolivia, que buscaban reducir la pobreza por medio de un desarrollo sostenible y participativo.

Los equipos de trabajo estaban compuestos por los técnicos y consultores del ministerio, los investigadores de la universidad, los miembros de varias organizaciones que se preocupaban por la conservación y algunos representantes de la cooperación internacional. Son demasiado numerosos para poder hacer una lista. Aquí se ven unos pocos, compartiendo una parrillada.  

Libros y más libros

 Desde el año 1982, el Instituto de Ecología empezó a publicar su revista “Ecología en Bolivia” para hacer conocer los trabajos científicos que se realizaban en el país. Sacar la revista representaba mucho trabajo, sobre todo para Erika, quien tenía que convencer a los autores de publicar sus resultados y entregar a tiempo los artículos. Yo la ayudaba con la redacción y las correcciones,  y las dos trabajábamos con las imprentas. Me gustaban mucho los talleres de prensa con su olor a tinta, pegamento y papel nuevo. La revista sigue publicándose regularmente hasta ahora.

Con los años la producción científica boliviana relacionada con las ciencias ambientales iba a crecer enormemente. En casi todos los libros de esta época me mencionan como editora, traductora o correctora.  También escribí dos libros como autora: el “Manual de Ecología” en 1988 y “Bolivia: medio ambiente y ecología aplicada” en 1990. Virginia Padilla, la secretaria de la editorial, hacía la compaginación y ponía todo su esmero en las largas listas de nombres en latín de plantas y animales inventariados. Todas las publicaciones merecían una presentación pública con discursos, bocaditos y una copa de vino.

Otra actividad importante era la elaboración de materiales escolares, a través de un proyecto de UNICEF. Trabajábamos en equipo bajo la dirección de Víctor Hugo Cárdenas, quien sería vicepresidente de la república en 1993-1997. Junto con mi colega María escribíamos textos para la escuela primaria multigrado, es decir escuelitas donde un solo profesor estaba a cargo de dos o más cursos. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas iniciaría la reforma educativa en 1995.

Parte de nuestros materiales fue tomada en cuenta, pero debo decir que los maestros de escuela los revisaron en sendos talleres y los acomodaron a su gusto, de manera a cambiar lo menos posible sus viejas costumbres y añejos conocimientos. A pesar de las afinidades trotskistas de nuestros docentes, son probablemente el sector más conservador del país.

Les contaré apenas una anécdota para terminar el tema. En esos años el Ministerio de Educación ocupaba la vieja casona de la plaza Venezuela donde se encuentra ahora el Registro Civil departamental. La dirección de educación urbana estaba en el cuarto piso y la de educación rural en el quinto. Pero cuando querían comunicarse, me mandaban los papeles al campus de Cota Cota, a 16 km del centro, para que yo los lleve donde correspondía. No se hablaban entre ellos.