Justicia? Cual justicia?

Casi tres años de persecución 

Septiembre 4, 2014.

En unos pocos días, exactamente el 9 de septiembre de 1914, Juan Antonio Morales cumplirá tres años de arresto domiciliario. Si bien desde entonces ha conseguido poder desplazarse a su oficina e incluso se le ha permitido viajar tres veces al exterior, levantando su arraigo temporalmente a raíz de invitaciones de universidades extranjeras, su situación jurídica no tiene salida prevista.

El fiscal que lo imputó, Harry Suaznábar, fugó a España después de renunciar y desde enero del 2013 no se ha sabido más de él. Los dos querellantes del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas y Fernando Rivera, están presos por extorsión en el Penal de Palmasola. Estaban metidos - entre otros casos menos notorios - en el asunto del inversor neoyorkino Jacob Oestreicher, que alcanzó fama por la intervención de Sean Penn, el actor. 

 

En el actual código penal el tiempo permitido para la investigación del Ministerio Público, que debe llegar a la acusación formal o cerrar definitivamente el caso, es de abusivos 18 meses. Anteriormente era de 6 meses, ya bastante largo, pero este tiempo fue ampliado con el único fin de poder mantener en la cárcel al ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, contra el cual no habían podido juntar pruebas. 

Leopoldo Fernández, detenido el 16 de septiembre de 2008, pasó cuatro años y cinco meses en detención preventiva, la mayor parte en San Pedro y un tiempo en Chonchocoro, castigado por haber organizado una parrillada en la cárcel por su cumpleaños. Era el preso más popular de La Paz y como ex futbolista servía de árbitro para todos los partidos en la cárcel. Igual, salió de allí con tuberculosis y un cáncer de riñón, y pasó 45 días en la clínica. Hasta ahora mantiene arresto, bajo guardia constante, en su casa de Cota Cota. El caso Porvenir por el que se detuvo nunca fue resuelto y, fuera de saber que Leopoldo definitivamente no estaba allí, ni siquiera se conoce exactamente el número de muertos que hubo en la reyerta entre los campesinos.

A pesar de haber transcurrido casi tres años desde la imputación del ex fiscal Suaznábar, no hay ni siquiera acusación formal contra Juan Antonio.

Algunas estadísticas para que recuerden los lectores: el 85% de los presos en Bolivia están con detención preventiva y no tienen sentencia, y 200 de los 508 fiscales del país tienen procesos judiciales, administrativos o penales, generalmente por corrupción. No lo digo yo, lo dice el fiscal general Ramiro Guerrero. Cuarenta y cinco fiscales fueron destituidos durante los casi dos años de su mandato. No tengo datos sobre el número de jueces con procesos por prevaricato.

Entre los perseguidos políticos hay demasiados profesionales de irreprochable probidad. José María Bakovic, exdirector del Servicio de Caminos, murió el 12 de octubre 2013, agotado por los 76 procesos injustos en siete de los nueve departamentos de Bolivia, cuando fue obligado a declarar en La Paz, contra la opinión de su médico. Fue detenido dos veces a pesar de su edad avanzada y, hombre creyente y confiado, escribió una carta conmovedora al papa Francisco para que sea su intercesor con Evo, que iba a visitar al papa en esos días al Vaticano. Espero que los bolivianos se acordarán de él en las próximas elecciones, que caen justo el día del primer aniversario de su muerte.  

Se dice que entre 700 y 800 bolivianos están perseguidos o son asilados políticos del gobierno de Morales. Roger Pinto, después de denunciar relaciones de funcionarios del gobierno con el narcotráfico, estuvo 454 días refugiado en la Embajada brasileña y, desde su espectacular fuga en la maletera de un coche diplomático, cumple un año de residencia en Brasil. Otros políticos como Mario Cossío, empresarios como Branco Marinkovic y el ex fiscal Marcelo Soza comparten el exilio. No digo que todos ellos son personas de la calidad humana de José María, pero todos huyen de una “justicia” que ha tomado para sí el rol de Control Político.

Según nos informa la prensa, el proceso de los “separatistas y terroristas” de Santa Cruz ya dura cinco años y medio, acumulando todas las aberraciones posibles, empezando con las ejecuciones extrajudiciales de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer el 16 de abril de 2009, el apresamiento y el traslado brutal de Mario Tadic y Elöd Toaso, la manipulación e invento de pruebas, el pago y el chantaje a los testigos, las acusaciones emitidas antes de que ocurra el hecho, etc. Las confesiones de Marcelo Soza y Boris Villegas acerca del montaje son lectura de todos los días en los periódicos.

El gobierno logró el objetivo que se había propuesto: con 39 acusados, de los cuales 9 están en prisión preventiva y otros con arresto domiciliario,  el caso ha desmoralizado y destruido casi toda la oposición política cruceña.